Por primera vez en más de 40 años hay un presidente cubano que no se llama Castro. José Miguel Contreras, experto en la realidad cubana y presidente de Morison ACPM, reflexiona sobre este acontecimiento.
“Vengo a entregar el compromiso de trabajar y exigir por el cumplimiento del programa que nos hemos dado como gobierno y como pueblo en los lineamientos de la política del partido y de la Revolución”
Miguel Díaz–Canel
Presidente de la República de Cuba
Desde 1997 Cuba está buscando una salida a una situación económica estructural en la que se vio sumergida por la caída del bloque de la URSS. El bloque socialista, liderado por la URSS, era su principal proveedor y su principal cliente. Esta salida siempre ha estado y, hoy por hoy, sigue estando condicionada al mantenimiento del Sistema instaurado en 1959.
En un sistema comunista, el Partido está por encima del Gobierno y el Secretario General sigue siendo el comandante Raúl Castro, por tanto, las líneas maestras de la política, incluidos los aspectos económicos, los seguirá marcando el Partido en los próximos años.
Desde la caída del bloque socialista, Cuba ha tenido varias oportunidades de resolver de forma solvente sus problemas económicos estructurales, pero un exceso de ideologización, comprensible por otra parte, lo ha impedido.
La gran oportunidad vino de la mano del fallecido Fidel Castro cuando con una visión clara de los problemas y de las salidas posibles a finales de los años 90 decidió dar un salto abriendo la economía cubana mediante la Ley de inversión extranjera. La Ley fue criticada, pero era de largo alcance (si la burocracia no la hubiese obstaculizado). Despenalizaba el dólar, por lo que se pusieron medios financieros en circulación que estaban “debajo de los colchones” y se permitieron las remesas de cubanos en el extranjero que enviaban a sus parientes en Cuba. Además, se impulsó el turismo, que hasta ese momento se ceñía a los mochileros que viajaban en busca de las huellas del Ché y a algún que otro espabilado en busca de “salsa”.
Esas medidas bien llevadas debían ser la primera fase de una reestructuración económica, ya que innumerables empresarios españoles, italianos y canadienses desembarcaron en la Isla ante la perspectiva de un país que había que hacer de nuevo.
Por desgracia, la buena idea de Fidel (y posiblemente de Raúl) no se vio acompañada por la burocracia del Estado que la veía más como un peligro que como una solución.
Recuerdo que en una Feria Internacional de las industrias siderometalúrgicas en un caluroso mes de julio sostuve una charla con el entonces Viceministro Primero del Ministerio de Inversiones Extranjeras, ingeniero, como el nuevo presidente y de la misma generación. Interesado en mis comentarios en un debate previo le comenté que si se conseguía llevar la inversión extranjera (motor imprescindible de la reestructuración) hasta el 20 % del PIB (en esos momentos estaba en el 10 %) y si se liberalizaba la iniciativa privada por medio de los autónomos y las cooperativas y profesionales, que en España llamamos liberales, había régimen socialista para cien años más, pese a la ley americana del Embargo y pese a no hacer reformas políticas (no era de mi incumbencia ese análisis).
El giro dado a mediados de los años dos mil, como consecuencia de la financiación masiva de la Venezuela de Chávez, dio al traste con ese buen hacer pese a las dificultades burocráticas con que se encontraban los empresarios extranjeros.
Fallece Fidel Castro, líder y padre de la Revolución, Venezuela deja de ejercer el papel de la antigua URSS y Cuba se encuentra de nuevo en una encrucijada que al parecer trata de solventar en los mismos términos que a finales de los noventa aunque con un marco interno distinto. Los autónomos existen pero con un entorno administrativo plagado de dificultades que llevan muchas veces a contemplar la emigración como la única solución. Un antiguo miembro del Tribunal Supremo se dirigió al Ministro de Justicia preguntando por qué un albañil podía ejercer libremente su profesión y un abogado no.
Cuba, con su nuevo presidente, tiene la oportunidad de poner cara a una nueva política económica en donde la iniciativa privada del cubano se pueda desarrollar libremente, incluso dentro del marco de una sociedad socialista. La inversión extranjera debe tomar confianza y esa confianza empieza si ve que la Administración facilita su implantación, aunque sea con todas la garantías de ser beneficiosa para el país (la normativa de la Zona Especial de Mariel era eso y no se cumple). Hay que apoyar a empresarios medianos, propietarios de sus empresas, lejos del carácter capitalista de las grandes empresas, pues pueden estabilizar la economía, crear empleo y transmitir sus conocimientos de una economía competitiva.
Espero que por el bien del pueblo cubano, lleno de magníficos valores imprescindibles para crear una economía fuerte y competitiva, esta nueva etapa siga esa senda. El resto, el tiempo lo dirá.
José Miguel Contreras es Presidente de Morison ACPM