Todos los años, la sociedad española y por tanto las empresas españolas se toman un mes de vacaciones. El país, de forma mayoritaria, se lanza a la playa, a la segunda residencia o a viajar por aquí o por allá y dejan de trabajar (merecidamente) durante un mes.
Ahora, de una forma obligatoria y mayoritaria, por culpa del maldito “bichito”, los ciudadanos hemos tenido que “tomar” unas vacaciones.
Durante los periodos de vacaciones la economía se ralentiza en la mayoría de los sectores excepto aquellos vinculados con las propias vacaciones.
Así pues, desde el punto de vista de “parón” económico deberíamos dimensionarlo desde la perspectiva de que, cada año, en la economía se produce un efecto equivalente al que se ha producido en el mes de marzo y por tanto hemos de verlo desde esa perspectiva si no queremos adelantar situaciones alarmistas. Es verdad que las causas no son las mismas que en un periodo de vacaciones, pero sus efectos deberían de ser equivalentes, tanto en términos económicos (corregido por el efecto “turismo”) y sobre todo a los efectos psicológicos, que en los próximos meses tendrán un peso importante en las decisiones empresariales.
La economía ha sufrido una hibernación de casi el 80% y esto, en lugar de un mes como en las vacaciones estivales será posiblemente entre dos y tres meses, y es a ese periodo extraordinario al que se le debería buscar soluciones extraordinarias.
Nuestra economía no marchaba mal si lo miramos en comparativa a otros países de la Unión Europea, por tanto, el punto de partida ya no es homologable con el inicio de la crisis del 2008 con el desplome del sector financiero y del sector inmobiliario, desplome producido por causas internas y muy diferentes a las producidas por el COVID-19.
¿Cuáles son las medidas a tomar por parte de los agentes económicos?
Hay dos medidas urgentes:
Procurar que la capacidad de consumo de la población no caiga de forma tan estrepitosa que termine condicionando la economía en general.
Eso se consigue mediante el mantenimiento del empleo y mediante la disponibilidad de renta disponible por parte de los consumidores.
Si el empleo no estaba amenazado el día 1 de marzo, y si sabemos “soportar” los efectos del periodo extraordinario “COVID – 19”, el empleo, ahora y de forma mayoritaria, tampoco debería de estar amenazado. Si además se implementan medidas de liquidez al consumo, las consecuencias no deberían ser para alarmarse. Solo haría falta un ajuste entre seis y doce meses de la economía en general si se cumple otro requisito fundamental, dar soporte financiero a las empresas y a los autónomos por el déficit de tesorería producido por los efectos COVID – 19.
Ahora bien, ¿Quién puede dar esa liquidez extra que necesitan tanto los sectores productivos, servicios y consumidores?, ¿La banca? Bueno, mejor no hablar de ella ya que no podría estar a la altura de las circunstancias dando liquidez en la cantidad necesaria ni en la forma (con pocas o nulas garantías), pues el Estado, o lo que es lo mismo, nosotros mismos mediante la herramienta colectiva de gestión que nos hemos dado todos y que llamamos Estado, sí que es el que puede tomar la iniciativa de dar soporte financiero.
El Estado, por medio de su Gobierno declara la “emergencia sanitaria” y aplica medidas extraordinarias de todo tipo para eliminar esa epidemia que afecta a todos los ciudadanos.
Pues el Estado debe declarar la “emergencia económica” y por tanto dictar medidas extraordinarias de naturaleza económica y financiera pero con el mismo rigor, extensión y mejor aplicación que las medidas sanitarias. El Estado es el único que puede endeudarse (endeudarnos), de una forma que ningún particular lo puede hacer. Hasta la fecha, lo actuado en esta materia por parte del Gobierno de la Nación ha sido poco y malo, por lo que el ciudadano empieza dudar de que el gobierno sea capaz de dar el soporte que debería dar para que este paréntesis de nuestra actividad económica quede en eso: un paréntesis corto y digno de olvidar.
¿De dónde viene la duda de los sectores económicos? Pues que esas medidas deben de diseñarlas y aplicarlas los políticos y los funcionarios, es decir, aquellos que ni conocen ni entienden a las empresas de nuestro país. Las medidas económicas y sociales tomadas hasta la fecha denotan esa visión del político (prima la visión política sobre la económica) o una visión funcionarial en donde el Reglamento predomina sobre la realidad económica.
En otro espacio he señalado que es imprescindible crear una comisión mixta entre miembros de la Hacienda Pública y los Gremios (asociaciones empresariales) con capacidad de gestión para determinar las necesidades financieras y los circuitos necesarios para que la liquidez llegue rápido a las empresas.
El tiempo en que se tarde en organizar ese proceso de urgencia económica es el tiempo que nos dirá si estamos ante un “resfriado económico” o ante el “coronavirus” versión económica.
Los sucesivos gobiernos (de unos y de otros) nos han endeudado a todos los españoles en 1,4 billones de euros, posiblemente buena parte de ellos evitables si hubieran construido una administración mas acorde con nuestra capacidad de país. No vamos ahora aquí a recordar cifras y cifras, pero esa ha sido la realidad desde hace aproximadamente 25 años. Ahora toca que nos endeudemos para salir de esta inesperada situación.
Los empresarios, ahora, deben actuar con serenidad y sentido común que les debe de alejar del pánico (nos vamos a la ruina) y de la picaresca (que pague Rita). Tanto uno como otra pueden echar al traste cualquier medida sensata que se quiera implementar. Ahora debemos exigir al Gobierno que actúe adecuada y eficazmente ante esta crisis económica, pero el empresario no debe olvidar que su actuación se debe ajustar a la gestión que venía realizando hasta el inicio del confinamiento. Olvidar todos esta norma de actuación nos podría llevar a un “invierno” económico que no debería ser difícil evitar si gobierno y empresas hacemos lo que tenemos que hacer.
José Miguel Contreras