Ante la caída del Banco Popular

Morison ACPM cuenta con las herramientas y el equipo de profesionales adecuados para defender los derechos de los inversores y compensar los perjuicios causados por la caída del Banco Popular y su compra, por 1 euro, por parte del Banco Santander.

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El Mecanismo Único de Resolución (MUR) decidió recientemente a través de la aplicación del Reglamento UE 806/2014, la intervención del Banco Popular, en medio de un contexto no exento de polémica. Durante las sesiones bursátiles previas a la suspensión de la cotización del banco decretada por la CNMV el lunes 5 de junio, sus acciones habían perdido valor a razón de un 18% al día, debido a las ventas a corto de los especuladores. Ello propició la intervención del banco el siguiente día 6 y su posterior venta al Santander por el simbólico precio de un euro.

Si bien es cierto que el Banco Popular venía presentando un problema de liquidez debido, entre otras cuestiones, a su tardía entrada en el mercado inmobiliario, no lo es menos que hace sólo un año superaba los test de estrés con una ratio de solvencia 6,6% (cuando el aprobado estaba en un 5,5%). La caída de este banco en menos de un año, después de haber superado los test de estrés genera dudas acerca de la bondad de esta herramienta de supervisión creada por el Banco Central Europeo (BCE) para la identificación de los bancos con mayor riesgo de resolución. El pasado 6 de junio lo que realmente se produjo con el proceso de resolución y posterior venta del Banco Popular al Santander, fue la expropiación de sus valores a los accionistas, lo cual ha generado una gran polémica a la par que enormes perjuicios a miles de inversores (accionistas, titulares de preferentes o de obligaciones subordinadas del banco).

Ante tales perjuicios reales, llama la atención lo extraordinario de la medidas adoptadas, ¿por quién?, contrarias por otra parte a otras situaciones similares y recientes en el ámbito europeo (en Italia el banco Monte dei Paschi o en España la propia Bankia o recientemente el LiberBank).

Todo ello hace imprescindible que se estudie en cada caso concreto las acciones que eventualmente se pudieran entablar para restaurar a los inversores en sus derechos o bien compensarles de los perjuicios causados por el inadecuado tratamiento de la situación.

Desde el Grupo Morison ACPM consideramos que podrían tener éxito diversas acciones judiciales, dependiendo del tipo de inversor y momento de adquisición de los valores, para obtener o bien la recuperación del capital invertido y/o bien la compensación por los perjuicios provocados por la pérdida. La elección de una u otra acción dependerá en cada caso del tipo de inversión efectuada, el momento de su compra y de las circunstancias personales del demandante, que de forma individualizada, nuestro equipo de abogados analizará desde Morison ACPM Legal. Dicho análisis incluirá asimismo un estudio sobre la posibilidad de iniciar acciones de reclamación de responsabilidad frente a los distintos corresponsables del siniestro (organismo público supervisor, firma auditora del Banco, etc.).

Además, en caso que resultase necesario, nuestra división de Peritos Judiciales, dentro de la especialidad de Consultoría y Auditoría emitiría de forma coordinada con la representación letrada, el eventual dictamen pericial que diera soporte económico a la valoración de la indemnización de daños y perjuicios.

 

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